LA INDOLENCIA COMO POLÍTICA

No son pocos los que han descartado las justificaciones de corte histórico y sociológico para las violentas protestas que toman lugar en el sur del país. Tienen ellos un punto aquí: en una democracia, la falta de servicios básicos no puede utilizarse como excusa para imponer acciones sobre el resto de la sociedad. Ese es el camino del desgobierno y el caos. A la vez, sin embargo, tampoco se puede negar el contexto social donde toman lugar las manifestaciones más concurridas y las corrientes de opinión más radicales en nuestro país.Llevada al extremo, cualquier estrategia de oposición violenta es contraproducente. El cierre de vías, por ejemplo, deteriora la pretensión de legitimidad de las manifestaciones y entrampa un diálogo que podría ser productivo. ¿Hacia dónde debería apuntar ese diálogo? La primera respuesta, obvia e inmediata, es hacia una salida institucional de la crisis política, la que deberá pasar, de un modo u otro, por algún adelanto de elecciones generales. La segunda respuesta es bastante más compleja, pero tanto más necesaria: así como son inaceptables en un Estado de derecho la violencia y el bloqueo de carreteras, también debe ser intolerable la indolencia que la población más vulnerable del país ha recibido de parte de sus autoridades y del Estado en general.