El 9 de enero del 2018, el Congreso promulgó una ley que estableció que las personas condenadas como autoras de terrorismo, apología del terrorismo, tráfico ilícito de drogas o violación sexual quedaban prohibidas de postular a cargos de elección popular incluso si habían sido "rehabilitadas". Es decir, incluso luego de haber cumplido su condena.La prohibición estuvo vigente en las elecciones posteriores. No obstante, en marzo del 2020, Alfredo Crespo, conocido por su rol de abogado de Abimael Guzmán, interpuso una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) contra esta y otras leyes vinculadas al terrorismo.