Cuando se analiza la crisis institucional que vive el país, se ha hecho lugar común decir que esta no data de las últimas semanas, sino que proviene desde, por lo menos, el 2017. Está visión, por supuesto, tiene un componente de veracidad, pero omite un punto importante. En años pasados, mal que bien, las crisis se manejaban por cauces institucionales. Las herramientas, mal utilizadas por lo general, estaban revestidas de alguna legalidad. Sin embargo, esta vez, a vista y paciencia del país, la violencia se ha posicionado como un mecanismo de presión sistemático.Hay que ser claros. Ningún observador razonable podría concluir que la violencia ha sido el resultado de la acción de las fuerzas del orden. Cualquier exceso que pueda haber habido desde ese lado debe ser investigado y sancionado, pero sus intervenciones se dieron en el marco de ataques coordinados que buscaban causar daño y zozobra a la población.(Edición domingo).