Congresistas de distintas bancadas coinciden en que los violentos ataques a las propiedades públicas y privadas, como los registrados en dos meses de desmesuradas protestas, podrían ser incluidos en la ley antiterrorismo para ser castigadas con la severidad que merecen.Como informó Perú21ayer, el Decreto Ley N° 25475 estipula penas de hasta 25 años de cárcel para quien crea ambiente de zozobra, alarma o temor en la población, realice actos contra la vida y la salud, y atente contra infraestructura que provea de servicios básicos. Es decir, todo lo provocado por los vándalos, entre diciembre del 2022 y enero del 2023, al tomar aeropuertos, quemar comisarías y sedes judiciales.Sin embargo, bajo esta legislación, solo se puede procesar por terrorismo si la persona pertenece a una organización terrorista.