Si un tumulto destruye la propiedad pública y privada, como lo han hecho los violentos manifestantes desde diciembre de 2022, estas personas pueden ser condenadas hasta con seis años de cárcel, según el artículo 315 del Código Penal, por el simple delito de disturbios. Sin embargo, para la Organización de Naciones Unidas (ONU), el ataque a aeropuertos, como también sucedió en el Perú en el mismo periodo de tiempo, es un abierto acto de terrorismo.