Las personas que durante las manifestaciones de diciembre y enero atentaron contra activos críticos del país, como aeropuertos, carreteras y medios de transporte, podrían pasar más de 10 años en prisión si es que se les halla culpables de delitos como daños y disturbios.Hace dos días, la presidenta de la República, Dina Boluarte, advirtió que los actos de violencia cometidos durante las manifestaciones no quedarán impunes, y que, junto con la Policía y el Ministerio Público, investigarán a los responsables y serán sancionados.(Edición domingo).