Trece sedes del Poder Judicial fueron atacadas durante las protestas que empezaron tras el golpe de Estado de Pedro Castillo. Estos recintos se ubicaban en las regiones Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, Cusco y Puno. El último miércoles, la sede ubicada en Macusani (Puno) también fue vandalizada. El penalista Andy Carrión dijo a El Comercio que se tiene que iniciar una investigación para identificar los bienes públicos y privados dañados durante las protestas. "Lo que hace la fiscalía en estos casos es abrir una investigación por disturbios contra los que resulten responsables. Que se vaya identificando. No es necesario que se tenga el nombre y apellido de los que han participado; también hay videos y fotos", comentó Carrión. (Edición sábado).
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