Son 14 las medidas que buscan simplificar los trámites ante la administración pública. Estos anuncios hechos por el presidente García suenan bien para un atribulado ciudadano que inicia el reto de obtener una licencia de funcionamiento o la autorización para ampliar su vivienda. Mejor aún resulta escuchar que si un trámite no es atendido, al cabo de diez días se dará por aceptado.Sin embargo, una arista del problema es el funcionario público, cuyo trabajo es servir, pero que a la hora de la atención puede esgrimir requisitos que desalientan, que fomentan la informalidad y, en el extremo, hasta favorecen la corrupción. Habría que partir por incentivar al burócrata, que sienta que puede ascender por sus méritos profesionales y no por amiguismo. Hubiera sido de utilidad que el jefe del Estado alentara a la bancada aprista a aprobar la Ley del Empleo Público.Es muy saludable la simplificación, pero si solo fuera cosa de leyes, entonces el problema estaría resuelto hace años. Lo complementario viene por la capacidad de gestión, y el punto de partida debe ser la reeducación de quien atiende en ventanilla o trata con el ciudadano. Por más silencio administrativo positivo, el funcionario puede denegar a ciegas todos los pedidos porque cree --según su pobre entender-- que así resuelve los problemas.La capacitación e incentivo del funcionario público pueden ser los detalles que hagan la diferencia para que, esta vez, la abreviación de trámites sea simplemente efectiva.