Al menos 13 sedes del Poder Judicial (PJ) han sido atacadas desde que se iniciaron las protestas posteriores al golpe de Estado de Pedro Castillo y la asunción de Dina Boluarte como presidenta. El más reciente fue en Macusani, Carabaya (Puno), donde en esa misma jornada ocurrió la muerte de una ciudadana por el impacto de un proyectil de arma de fuego.