La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció sobre el caso de María Teresa de la Cruz, médico acusada por el delito de terrorismo por participar en la operación de un senderista, y ordenó al Estado peruano pagar tanto a la procesada como a sus familiares la suma de US$ 319,050.00 (S/. 1’052,865) por indemnización, así como otros beneficios.Este pago, señala la instancia internacional, se debe realizar en un plazo no mayor de un año y no podrá ser afectado ni reducido o condicionado por motivos fiscales o futuros.La Corte de San José se basa en su pronunciamiento en que el Estado peruano violó en la década del 90, época en la que fue juzgada, el principio de legalidad y de irretroactividad en contra de la entonces procesada De la Cruz, así como también los derechos a su libertad personal y las garantías judiciales consagradas en los artículos 7 y 8, respectivamente, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.