No tienen carta blanca, pero la Policía Nacional cuenta con protección legal para actuar con la finalidad de cumplir con su rol constitucional de garantizar, mantener y restablecer el orden interno. En estos días convulsos de protestas continuas en el sur del país que, en muchos casos, lindan con el vandalismo y que, por otro lado, han causado la muerte de casi medio centenar de peruanos, cabe preguntarse la legalidad de la labor de las fuerzas del orden. Según el ordenamiento jurídico vigente, los agentes de la Policía están amparados por la Ley de Protección Policial, Ley No. 31012, promulgada en marzo del 2020, que brinda protección legal al personal policial para que "en ejercicio regular de su función constitucional, hace uso de sus armas o medios de defensa, en forma reglamentaria causando lesiones o muerte".