El martes, luego de la fatídica jornada vivida en Juliaca, en la que 18 personas (entre ellas un policía) perdieron la vida y decenas más resultaron heridas, enfatizamos desde El Comercio la necesidad de que el Ministerio Público tomara cartas en el asunto "para identificar y castigar a los responsables".Pero tan importante como determinar la responsabilidad de estas y otras muertes producidas durante las manifestaciones que se desataron en el país tras el golpe de Estado perpetrado por Pedro Castillo es identificar e iniciar las acciones legales correspondientes también contra quienes han estado y están detrás de los episodios de violencia suscitados en medio de aquellas. Una tarea, todo hay que decirlo, a la que nuestras autoridades han tendido a abocarse con tibieza en los últimos años, en los que acciones claramente ilegales suscitadas en medio de protestas -desde la destrucción de infraestructura hasta el secuestro de personas- se han saldado sin determinar responsabilidades individuales por ellas. Esto, que no estuvo bien antes, no puede repetirse ahora.