El Gobierno debe saber cuán importante es que, ¡por fin!, tome acciones decididas contra el caos vehicular, la informalidad del servicio interprovincial y, sobre todo, contra esas horrendas muertes a las que no podemos seguir mirando impasibles, como quien aprecia un campo de rosas.De todas las medidas establecidas por el Gobierno, destaquemos la puesta en marcha del sistema de control en garitas de peaje llamado de tolerancia cero, donde policías e inspectores del sector Transportes verificarán el estado de los ómnibus y los permisos de operación de las empresas. Pero eso no es todo. También si los choferes se encuentran en estado de ebriedad y si disponen de licencias de conducir reales y adecuadas en su calificación profesional al servicio que brinda. Ahora bien, tales exigencias positivas demandan previsiones importantes para un control efectivo. ¿Se dispondrá de recursos humanos suficientes para garantizar el control? ¿Quién fiscalizará a los fiscalizadores, conocida la negligencia de ciertos funcionarios de segundo nivel? El Comercio --que ha venido denunciando desde hace mucho los excesos en el transporte-- recoge hoy una serie de sugerencias relacionadas con la propuesta de control. Podría crearse un registro único de placas y brevetes, o promoverse la autorregulación para que las empresas supervisen sus unidades antes de salir. Según el decreto supremo dado por el Gobierno, las unidades transgresoras deberán retornar a sus bases con pasajeros incluidos. Bien podría evitarse la molestia al usuario y así ganar su confianza. Sí nos parece coherente que el Ministerio de Transportes prevea establecer indicadores y construir un ránking de las buenas y malas empresas, que los medios podríamos publicar para información de los usuarios. No es un secreto que ciertas empresas son cómplices de los abusos, cuando permiten que sus choferes circulen sin licencias, ebrios o recojan pasajeros en los paraderos informales. No debemos dejar fuera de agenda la responsabilidad de malos policías de carreteras, cuya vista gorda tiene que ser severamente sancionada y, más aun, su complicidad con el ineficiente control y la tradicional coima. Todos tenemos que unirnos frente al caos.El apoyo de la población es indispensable y el Gobierno tiene que resucitar la educación vial. La prensa puede ayudar para que el ciudadano haga respetar sus derechos y denuncie a los infractores.