Momentos antes de iniciar el año 2023, el pasado 31 de diciembre de 2022, el Ministerio del Interior tomó medidas contra los generales que, según la Fiscalía, pagaron US$40 mil en coimas para alcanzar ese rango durante el gobierno del golpista Pedro Castillo. A través de una resolución suprema publicada en edición extraordinaria del diario El Peruano, ocho oficiales implicados en la trama de corrupción fueron derivados a una comisión consultiva, una manera sutil de separarlos momentáneamente de cualquier actividad en la institución.