El informe final de la Comisión de Fiscalización del Congreso encontró responsabilidad constitucional y penal en el expresidente de la República, Martín Vizcarra, y sus ex ministros de Salud, Elizabeth Hinostroza, Pilar Mazzetti y Víctor Zamora, así como en la extitular de Economía, María Antonieta Alva, por presuntamente haberse beneficiado directa o indirectamente con la compra de pruebas rápidas, lo que costó la vida de miles de peruanos. El documento recoge el trabajo encomendado por el Pleno del Parlamento que otorgó facultades de comisión investigadora para indagar los presuntos hechos relacionados directa o indirectamente a la pandemia del covid-19, y a la emergencia sanitaria nacional desde la entrada en vigencia del decreto supremo 008-2020 hasta el 26 de julio de 2021.