CAMBIOS. La semana pasada, el Congreso aprobó en una primera votación la reforma constitucional que propone convocar a nuevas elecciones generales en abril del 2024 y recortar consecuentemente hasta ese mismo año los mandatos del Ejecutivo y Legislativo elegidos en el 2021. La idea de aprobar este adelanto para el 2024 y no para el 2023, como parte de la ciudadanía pedía, es que efectivamente organizar elecciones el próximo año hubiese implicado hacerlo prácticamente con la misma oferta política del 2021 (menos los partidos que perdieron su inscripción) y con las mismas reglas. No solo hubiese sido imposible aprobar antes cualquier reforma política, sino que tampoco se hubiese podido implementar otra reforma ya aprobada: las elecciones primarias (que implican que ya no serán las cúpulas de los partidos quienes designen a dedo a los candidatos, sino que estos serán seleccionados directamente por la ciudadanía). El plazo del 2024, en cambio, pese a ser más impopular, sí permitirá tanto implementar las primarias como dar algo más de tiempo para que se inscriban nuevos partidos y que el Congreso pueda discutir y aprobar otras reformas. ¿Pero cuáles deberían ser esas reformas? Sin duda, hoy existen varios aspectos de nuestro sistema político que cabe revisar a fondo, como han sugerido varios académicos: la división del Congreso en una o dos cámaras, los mecanismos de elección presidencial y congresal, las reglas de vacancia presidencial y disolución del Congreso, la regulación sobre los partidos políticos, la selección de miembros del TC, etc.