DIÁLOGO. Las acciones que tomó el gobierno de Dina Boluarte para hacer frente a las protestas violentas y los desmanes fueron criticadas por la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR). Pero esa opinión no llamó mucho la atención en el Ejecutivo -mucho menos en el Congreso-, pues ni siquiera se tomó en cuenta un pedido expreso de los gobernadores: reunirse con la mandataria para plantearle sus puntos de vista sobre la situación. Quién mejor que ellos para conocer la realidad de sus departamentos y poder plantear soluciones alternativas a la crisis. La inestabilidad política que el país sufre -estos días se vive una tensa calma, aunque aún hay manifestaciones en muchos lugares- ha puesto en envidencia, una vez más, el perjudicial centralismo en la toma de decisiones que afectan a todo el Perú. Por ejemplo, el Ejecutivo habría consultado a especialistas en seguridad radicados en Lima, lo cual es razonable, pero pasó por alto a los del interior del país, empezando por los propios gobernadores. Esto no es sorpresivo: los sucesivos gobiernos han tomado por costumbre dejarlos de lado. De hecho, el proceso de descentralización, que ha cumplido 20 años, sigue siendo endeble y está plagado de condenados e investigados por corrupción, en buena parte porque fue concebido desde Lima.