Ayer, el juez supremo Juan Carlos Checkley dictó 18 meses de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo. A él, como sabemos, el Ministerio Público lo viene investigando por la presunta comisión de los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación del orden público tras el golpe de Estado que dio el pasado 7 de diciembre. Por este mismo caso, el magistrado dictó también comparecencia con restricciones para el expresidente del Consejo de Ministros Aníbal Torres.La decisión, como era de esperarse, trascendió rápidamente los linderos de nuestro país y empezó a ser rebotada por medios de comunicación a ambos lados del Atlántico. En apenas ocho días, el Perú fue capaz de neutralizar, detener y luego enviar preventivamente a prisión a un gobernante que intentó arrollar la democracia, cerrar el Congreso e intervenir diferentes instituciones autónomas; todo ello sin negarle ninguna de las garantías que le asistían y respetando los procedimientos del mismo Estado de derecho que él intentó dinamitar hace poco más de una semana.