Hoy el Congreso tiene previsto sesionar para ver la tercera moción de vacancia por incapacidad moral permanente contra el presidente Pedro Castillo. Como hemos dicho anteriormente, se trata de un documento cualitativamente superior a sus predecesores y que, en buena cuenta, retrata a un mandatario, en el mejor de los casos, condescendiente con la corrupción y, en el peor, partícipe de ella, y dispuesto a usar su poder para protegerse a sí mismo y a sus allegados de la acción de la justicia.Desde el Gobierno, por supuesto, se ha tratado de esparcir la tesis de que no existen pruebas de corrupción que impliquen al presidente. Esto es sencillamente falso. Las pruebas están ahí para el que quiera verlas y muchas de ellas, además, han sido provistas por personas que hasta hace poco se encontraban muy cerca del jefe del Estado. Estas han venido dando cuenta ante las autoridades y los medios de comunicación sobre diferentes acciones que permiten conocer de primera mano la podredumbre que existe al interior del Ejecutivo. Y la última de todas ha sido el hasta hace 10 días director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), José Luis Fernández Latorre.