La ley que obligaría a las organizaciones no gubernamentales (ONG) a registrarse antes de ejecutar proyectos, así como a dar cuenta del dinero que reciben, ha encendido la chispa de una atizada discusión pública. Ayer el debate fue promovido desde el Gabinete y tuvo eco en varios actores de la sociedad civil.Para el primer ministro Jorge del Castillo, hay suficientes razones jurídicas, económicas y sociales que justifican este pedido de transparencia a las ONG."No es un agravio contra nadie, sino una medida de necesaria claridad", destacó al adelantar que la norma será vista por el Ejecutivo antes de promulgarla.Del Castillo comparó la naturaleza jurídica de las ONG con la de los partidos políticos y sugirió que ambos requieren un tratamiento similar."Si unos lo hacen, no veo por qué los otros no van a dar cuenta de nada. En todos los casos el uso es público", precisó al tiempo que descartó que la norma escondiera una represalia contra las ONG que apoyaron protestas de algunas comunidades de la sierra contra empresas mineras.(Edición sábado).