Perú21 reportó el miércoles último, con cifras proporcionadas por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), que el país ha perdido 1,000 millones de dólares en exportaciones mineras y 800 millones de soles en recaudación tributaria al mes de octubre, debido a los interminables e irresueltos conflictos sociales.En efecto, de enero a octubre hemos sido testigos de bloqueos constantes al corredor minero y otras vías adyacentes, así como asaltos de vandalismo descontrolado a las oficinas y campamentos de los yacimientos mineros. El resultado lo tenemos ahora a la vista, en guarismos incontrovertibles: la producción y exportación de mineral se ha reducido. El daño a la economía de las regiones involucradas –y, por último, al país en su conjunto– está hecho. Tan ominosas cifras eran de esperarse. Podría haber sido peor aún si el contexto internacional no nos hubiese sido tan favorable, por los altos precios de los metales, que en cierto modo han amortiguado la caída.El tema central es que estos conflictos no fueron bien manejados por el Gobierno, que por lo habitual demoró una eternidad en intermediar e instalar mesas de diálogo. Y cuando lo hizo, no actuó de manera célere y comprometida.