Los conflictos sociales, con frecuencia, sobre todo aquellos relacionados con las actividades extractivas, tienen casi siempre detrás un reclamo con algo de fundamento. Este "algo" a veces es más grande y profundo de lo que queremos aceptar. A pesar de ello, los conflictos de hoy vienen de atrás y no se pueden solucionar en un día. Tampoco acaban firmando un acta. Muchos de ellos son complejos y de profundas raíces. Otros eventuales y en muchos casos interesados. Los mineros, petroleros y otros empresarios suelen cumplir con las reglas impuestas por sus fiscalizadores durante las etapas de la actividad extractiva y quieren, como es lógico, maximizar sus recursos fruto de una operación exitosa. Las comunidades, muchas de las cuales ha olvidado no sólo el gobierno sino los peruanos, ven en la paralización de una inversión la oportunidad para hacerse escuchar. No están necesariamente contra la inversión, pues obtienen beneficios, pero paralizarla puede ser un arma potente de presión. El gobierno actual ha decidido "adelantarse" a los conflictos. Ello suena bastante bien y probablemente parte de los problemas se solucionen simplemente con algo de presencia del Estado. Puede ser. Lo que no debemos es dejar que este Estado, bueno, malo o regular, que hoy tenemos, sea dejado de lado por el propio Estado. Me explico. Los problemas se dan de la siguiente manera. Se anuncia al gobierno que viene una toma, paro o similar. El gobierno, ocupado en el día a día, no hace mucho hasta que no ocurre el hecho y allí actúa: va al lugar, busca consensuar un texto, firma un acta y todos se van a su casa. Los problemas que se dan con esta forma de solución de conflictos son la falta de seguimiento a los compromisos y en muchos casos la incapacidad de cumplir con lo ofrecido. Esta incapacidad se debe a que se está dejando de lado, en la solución de conflictos, a las entidades del Estado que son las responsables de seguir y solucionar el conflicto. Probablemente no tenemos el Estado más eficiente, pero tenemos uno que no debemos dejar de lado. Las supervisiones y fiscalizaciones deben ser hechas por el Estado. No es bueno tercerizar las funciones del Estado a ajenos que pueden ser adecuados, pero que no son responsables de la función encargada. En otras palabras, la responsabilidad de los actos del Estado y sus funciones son indelegables. Puede haber crítica, no importa. Hay que fortalecer al Estado respetando a los entes de gobierno; si no, nos quedaremos sin instituciones, fomentando el caos, señala Cecilia Blume.