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Ayer el Poder Judicial confirmó el rechazo a la tutela de derechos que había solicitado el presidente Pedro Castillo a fin de que se archivase la denuncia presentada contra él por la fiscalía por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, en efecto, declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por el mandatario contra la resolución judicial que ya anteriormente había desestimado la tutela de derechos presentada por su defensa con el propósito de que se anulase la investigación preliminar que se le ha seguido por los delitos antes mencionados.