En el 2017, la concesionaria Chavimochic demandó al Estado por el retraso en la entrega de terrenos para la tercera etapa del proyecto de irrigación Chavimochic (La Libertad). De hecho, la concesionaria (integrada por las empresas Novonor, exodebrecht y Aenza, ex Graña y Montero) solicitaba una compensación de US$ 118 millones. Más de cinco años después, se conoció el laudo arbitral (bajo reglas de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional - CNUDMI). El laudo resolvió -entre otros- la caducidad anticipada del contrato de concesión "por causales imputables a ambas partes".