En 2019, la empresaria inmobiliaria Sada Goray Chong compró un terreno en Chilca por US$18.520.000. Pero había un problema. El predio comprendía un área que estaba inscrita a nombre del Estado. Si lo quería revender, necesitaba esclarecer la situación de la propiedad, por lo que, durante el gobierno de Francisco Sagasti, recurrió a la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN). La entidad rechazó su pedido de "rectificación".Pero fue en el mandato del presidente Pedro Castillo, que integrantes del llamado "gabinete en la sombra" presionaron a los funcionarios de la SBN para que le dieran la razón a Sada Goray.