En el año 2013 el presidente del directorio de Petroperú iniciaba su carta a los accionistas, es decir a los ministros y viceministros del Ministerio de Economía y Finanzas y del Ministerio de Energía y Minas, expresando su satisfacción por participar en el momento histórico de tener la autorización para construir el megaproyecto de la nueva refinería en Talara. Su carta omitía tres aspectos importantes: a) que el megaproyecto tenía presupuesto inicial de US$ 3,500 millones, 3.5 veces el patrimonio de la empresa en aquel momento; b) que el megaproyecto no tenía asegurado el financiamiento requerido para ser ejecutado; y C) que la Ley 30130 que declaraba de necesidad pública e interés nacional la prioritaria ejecución de la modernización de la refinería, autorizaba a Petroperú a emitir acciones con derecho a voto para incorporar la participación del capital privado hasta el 49% del capital social de la empresa, señala el economista Luis Alberto Arias.
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