El artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado indica que los familiares de altos funcionarios del Poder Ejecutivo, Congreso y autoridades locales están impedidos de contratar para el Estado, durante el ejercicio de funciones y un año después de haber dejado su cargo. La norma se aplica hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad (cónyuge, conviviente, hermanos, cuñados, abuelos, padres, hijos, nietos, tíos y primos hermanos). Sin embargo, este impedimento que establece la ley no es respetado por los actuales congresistas oficialista que se encuentran vinculados al Gobierno de Pedro Castillo.