El Tribunal Constitucional resolvió admitir a trámite la primera demanda competencial del Congreso de la República contra el Poder Judicial, el cual había ordenado que se suspenda el proceso de elección del nuevo defensor del Pueblo. Un juzgado constitucional había dispuestos que se paralice el tema hasta que culmine la evaluación de la demanda de amparo presentada por el sindicato del organismo autónomo.