INSTITUCIONALIDAD. En febrero de este año, el Ministerio de Trabajo dictó un decreto supremo que modificó la ley de tercerizacíón. A pesar de que esta decisión tema la opinión en contra del Ministerio de Economía, el Gobierno la modificó, y si bien desde el mes de julio el Congreso tiene listo para su votación en el pleno un dictamen para derogar dicho decreto -a pesar de la importancia del tema-, hasta el momento no lo han votado, por lo que la norma emitida entró en vigencia a fines de agosto. Desde diversos sectores se ha dejado en claro que la norma no solo desnaturaliza la ley de tercerización y la Ley General de Minería, sino que afectará tanto a los trabajadores contratados bajo esta modalidad como a las empresas que la usan, y no solo se trata del sector privado. ¿Será interesante ver cómo actuarán las empresas de servicios como Sedapal o Petroperú para poder llevar adelante sus labores?
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