Valiéndose de falsos argumentos y de una clara estrategia de victimización, el presidente Pedro Castillo consiguió que el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) acuerde enviar una misión especial al Perú para analizar la situación en el país, luego de que él, junto a su canciller César Landa, solicitara la aplicación de la Carta Democrática invocando los artículos 17 y 18 ante un supuesto intento de "golpe de Estado" en una "nueva modalidad" imaginada por el oficialismo.