Repsol ha iniciado una serie de acciones legales y administrativas para evitar el pago de las multas que equivalen a más de S/14 millones tras nueve meses del derrame de petróleo, y en un contexto en que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y los damnificados persisten en que se les dé una indemnización, informó el portal Ojo Público.