No pasaron ni 48 horas de la presentación de la denuncia constitucional ante el Congreso de República contra el presidente Pedro Castillo para que este escrito sea enriquecido por la realidad. Resulta que después del allanamiento de Petroperú de fines de diciembre del año pasado los fiscales se enteraron que se ordenó quemar los cuadernos de ocurrencias de cuatro edecanes de Palacio de Gobierno, quienes además tuvieron que entregar sus celulares para fondearlos en la playa La Punta, en el Callao, todo esto por orden del mandatario, con tal de eliminar toda información que lo vincule con las visitas del empresario Samir Abudayeh a Palacio para el negociado del biodiésel con Petroperú.