La alta dirección del Ministerio de Vivienda, durante la gestión del ministro Geiner Alvarado, presionó a funcionarios del sector para que emitan informes a favor del sustento técnico y jurídico del proyecto que se convirtió en el Decreto de Urgencia 102-2021, mediante el cual el gobierno de Pedro Castillo autorizó el gasto de S/ 520 millones para obras, según información de la fiscalía.Uno de ellos es el abogado Joel Miranda Rivasplata, quien estuvo a cargo de la Unidad de Asesoría Legal del Programa de Mejoramiento Integral de Barrios.Las pesquisas apuntan a que, de ese monto, alrededor de S/ 200 millones fueron dirigidos indebidamente a proyectos cuyos contratos terminaron beneficiando a empresas o personas relacionadas a la presunta organización criminal, la cual encabezaría el jefe del Estado y estaría integrada por el exministro Alvarado.