En una semana en la que hemos asistido -sin pausa- a la detención de los hombres de confianza de Pedro Castillo por graves cargos penales, la presentación de una denuncia constitucional de la fiscal de la Nación contra el presidente y las revelaciones de un nuevo colaborador eficaz sobre los intentos de la cúpula del Gobierno por desaparecer pruebas y asegurarse el apoyo de un grupo de congresistas ‘aniñados’, un hecho ha pasado relativamente desapercibido. El último martes, el Segundo Juzgado Constitucional de Lima falló a favor del exprocurador Daniel Soria y ordenó que sea restituido en la Procuraduría General del Estado (PGE), de donde había sido depuesto groseramente por el Gobierno en un acto que tuvo todo el cariz de un ajuste de cuentas.