Uno de los principios más elementales de la economía moderna es la especialización o división del trabajo. El concepto es simple: una persona o una empresa que se dedica a hacer una sola cosa será mucho mejor en esa actividad que otra persona o empresa que divide su atención en varias tareas. Si, por ejemplo, cinco personas quieren producir y vender zapatos, ¿sería mejor que una se dedique al diseño, otra al corte de material, la tercera al cosido y pegado, la siguiente a la suela, y la última a la venta del producto final, o, más bien, que cada una de las cinco personas haga y venda cada zapato por su cuenta?La respuesta es obvia y está en la base del debate actual sobre la limitación de la tercerización laboral que empujó el Gobierno a través de un decreto supremo en febrero pasado. Si hay una empresa especializada que puede efectuar cualquier parte del proceso productivo mejor que otra, la experta debería hacerlo. Las empresas, los trabajadores, los consumidores y la sociedad en general se benefician con la división del trabajo. El argumento es puro sentido común y debería ser obvio que atentar contra la especialización profesional, como pretende la norma del Ejecutivo, es un sinsentido.