Saludamos que, finalmente, se haya resuelto el conflicto entre un grupo de indígenas achuares con la empresa Plus Petrol en la zona nororiental. Por dos semanas los nativos ocuparon las instalaciones petroleras en protesta por los daños ambientales que los afectan directamente.Pero si por un lado hay que destacar la importante labor mediadora del presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, del otro lado tenemos que lamentar la ausencia de autoridad en los gobiernos regionales y locales para prevenir el problema y resolverlo, por lo menos en una primera instancia.Lo que se evidencia aquí no son solo fallas estructurales del Estado centralista y acaparador del poder --que no empezaron con este gobierno--, sino también la falta de voluntad y competencia de las mismas autoridades locales y regionales que solo se limitan a cumplir su papel operativo, sin supervisión o evaluación de nadie.La Defensoría del Pueblo, por su parte, salió al frente para velar por los derechos ciudadanos. En este caso para propiciar una especie de auditoría ambiental que ha servido de base para llegar a acuerdos concretos con miras a controlar la polución y respetar los derechos de las poblaciones nativas, sin menoscabar la estabilidad de los contratos ni la actividad empresarial privada.Debemos sacar lecciones de este conflicto. Antes que nada tienen que tomarse todas las medidas para evitar que se repitan y que el primer ministro, en la cima de la autoridad política del Ejecutivo, tenga que actuar de bombero ante cualquier problema social (ya sucedió antes en Cajamarca). Luego, hay que institucionalizar los canales de diálogo y evitar la violencia (el derecho al pataleo es constitucional, mas no así la conculcación del derecho de los otros). Finalmente, lo sucedido debe ser una señal de alerta, ahora que se suprimen las prefecturas, para evaluar la redistribución del poder y las prerrogativas gubernamentales en el proceso descentralizador. La presencia del Estado tiene que ser material y permanente en todo el país, precisamente para asegurar el buen uso de los recursos y el bienestar de los ciudadanos de toda condición.