Desde que asumió la presidencia de la República, el gobierno de Pedro Castillo Terrones viene dando múltiples muestras de obstrucción a la justicia o, cuando menos, de trabar la labor de las autoridades del sistema de justicia cuando estas han requerido la realización de algunas diligencias. Estos indicios de corrupción -tomados en cuenta por el Ministerio Público para abrir investigaciones contra el jefe de Estado- no solo atañen al presidente sino también a su entorno más cercano: familiares y funcionarios de Palacio de Gobierno. Correo contabilizó hasta 11 sucesos que estarían relacionados a actos de obstrucción a la justicia por parte del mandatario, entre remociones de funcionarios que le son incómodos a su gestión; solicitudes para apartar a fiscales o policías que lo investigan; ayudas para fugar a los investigados y condicionamientos para responder por las pesquisas en su contra.