Doce organizaciones no gubernamentales, vinculadas con la defensa de la ecología y el medio ambiente, expresaron su desacuerdo con la posibilidad de que el gobierno amplíe el plazo fijado por ley para que la empresa minera estadounidense Doe Run realice cambios sustanciales en los yacimientos que explota en La Oroya. El documento considera a dichos yacimientos focos contaminantes en la región.Representantes de las ONG expresaron su desacuerdo con la ampliación del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA). Aseguran que ampliar el plazo pone en peligro la integridad física de los pobladores de La Oroya y atenta contra el estado de derecho.