El pasado 16 de agosto, cientos de mineros en vías de formalización confluyeron hacia Palacio de Gobierno, atendiendo al llamado del presidente Pedro Castillo.Allí, en una ceremonia pública, los mineros artesanales solicitaron al mandatario el despido de la ministra de Energía y Minas, Alessandra Herrera, y la derogatoria de tres normas que fortalecen el proceso de formalización minera.Una de ellas, el D.S. 0082022-EM, rubricado por la ministra Herrera luego de los luctuosos sucesos de Atico y Caravelí (Arequipa) en junio pasado, donde perdieron la vida 14 trabajadores mineros.¿Qué contenía este decreto? En esencia, la norma introducía una causal para excluir del proceso de formalización a los mineros que "atenten contra la vida, la integridad y seguridad de las personas" o que "provoquen daños a las instalaciones públicas o privadas". Una propuesta razonable, pero no para los mineros artesanales.No obstante, tres semanas después, el 6 de setiembre, el Ministerio de Energía y Minas publicó el D.S. 0102022-EM, que deroga el D.S. 008-2022-EM y modifica los decretos supremos 0182017-EM, 001-2020-EM, 009-2021-EM y el numeral 13.16 del Decreto Supremo 018-2017-EM."Con esto se modifican y derogan diversas reglas sobre formalización minera, incluyendo normas que han sido emitidas recientemente por este Gobierno", apunta Miyanou Dufour, socia del estudio Hernández & Cía.
- [El Comercio,Pág. 4 Día1] /