La segunda mitad de agosto entró en vigencia el decreto supremo presentado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), que prohíbe la tercerización laboral para actividades del núcleo del negocio o esenciales; lo que conlleva a multas superiores a los S/. 240 mil para aquellas empresas que incurran en esta norma.Actualmente, el 87% de trabajadores formales -un millón cincuenta mil- del Perú estaría trabajando en empresas tercerizadoras, según la Asociación de Empresas de Tercerización y Trabajo Temporal (AETT). En este sentido, la reciente aprobación pone en riesgo a la totalidad de dichos trabajadores, quienes podrían perder su empleo a causa de la vaguedad de la norma en definir "núcleo del negocio", señala Alfredo Salgado, gerente general del Grupo Eulen.
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