El gobierno se empeña en destruir la institucionalidad policial con el fin de frenar el avance de las investigaciones fiscales. Pedro Castillo y el ministro del Interior, Willy Huerta, habrían presionado para que se perjudique a una división de la Digimin (Dirección General de Inteligencia) que está a cargo de Harvey Colchado. Además, se pretende desprestigiar a los policías que investigan al poder de turno.