La tarde del miércoles, la fiscal superior Zoila Sueno Chirinos llegó hasta la sede del Ministerio de Justicia en Miraflores. Lo hizo para consultar sobre el decreto de Urgencia 102-2021, el cual está en la mira de la Fiscalía de la Nación puesto que, a través de esta norma, el gobierno de Pedro Castillo habilitó el presupuesto para obras transadas con empresas fachada.En el lugar, la fiscal Sueno, miembro del Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, levantó un acta. En el acta, a la que accedió Perú21, se deja constancia de que fue recibida por Rafael Rodríguez, actual jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica del ministerio. El funcionario le confirmó a la fiscal -y así se lee en el documento- que "para la publicación del referido decreto de urgencia no se emitió ningún informe (legal)".(Edición sábado).