El 11 de julio de este año, la Comisión de Relaciones Exteriores -entonces presidida por Ernesto Bustamante (Fuerza Popular)- mandó al archivo por mayoría la resolución legislativa 239 que aprobaba el acuerdo regional sobre el acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y El Caribe, conocido como el Acuerdo de Escazú. La posición del Gobierno de Pedro Castillo, al menos en un inicio, parecía ser favorable a la ratificación del acuerdo; pero la llegada de un canciller como Miguel Ángel Rodríguez Mackay supone un cambio en el discurso, al menos desde la Cancillería. De hecho, en una entrevista del 13 de agosto dijo que el tratado debe permanecer archivado porque "no corresponde a los intereses del país".