Vuelve a la palestra el caso de presuntas irregularidades en la compra de biodiesel, en cuya investigación meses atrás se involucró no sólo a Heaven Petróleum y a Petroperú, sino hasta a los propios inquilinos de Palacio de Gobierno.Ahora, en una indagación a un proceso de adquisición de biodiésel B100 realizado por Petroperú en enero último, la Contraloría General de la República detectó un presunto perjuicio económico por US$ 2.3 millones en la compra de biodiésel a Heaven Petroleum Operators (HPO), según un informe de control específico de dicho organismo.