Tres días atrás comentamos en El Comercio la iniciativa legislativa presentada por el congresista de Perú Libre Segundo Montalvo para endurecer las sanciones a los delitos de calumnia y difamación, e incluir precisiones adicionales referidas a las redes sociales y los sitios webs.Se trataba, dijimos, de un proyecto que iba a contramano de lo que la doctrina jurídica internacional señala a propósito de las penas que convienen a los "delitos contra el honor". De un tiempo a esta parte, como se sabe, la tendencia apunta a que tales sanciones no incluyan la privación de la libertad del periodista acusado de haber incurrido en esas faltas, pues aquello constituiría una respuesta desproporcionada frente a ellas y sería, además, un recurso susceptible de utilización política por quien ostentase el poder y quisiera bloquear las críticas. Por ello, nos hicimos eco de la observación de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) sobre el particular y señalamos que el proyecto de marras buscaba "amordazar la denuncia periodística" en un contexto en el que el Gobierno es ya incapaz de contener el torrente de destapes sobre corrupción que lo cercan.