La entrada en vigor del decreto supremo que modifica inconstitucionalmente la ley de tercerización de servicios ha valido una lluvia de medidas cautelares y acciones judiciales para impedir su aplicación. Los recientes fallos de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas de Indecopi y su decisión de ordenar al Ministerio de Trabajo y a la Sunafil de abstenerse de aplicar los alcances del cuestionado decreto es una señal positiva ante la centena de medidas cautelares interpuestas. Si bien esta decisión probablemente sea apelada, el país aún tiene instituciones que ejercen sus responsabilidades con rigor y limitan los excesos de una autoridad ideologizada donde los móviles políticos son los que mandan, señala Luis Miguel Castilla, director ejecutivo de Videnza Instituto.
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