Frente a un Congreso que no ha sido capaz de ejercer un adecuado control político -o que no ha querido ejercerlo- sobre el gobierno del presidente Pedro Castillo, dos instituciones han respondido haciendo lo que les corresponde. La primera es el Ministerio Público que, respaldado por parte de la policía, ha logrado a la fecha avances importantes en el destape del entramado de corrupción que aparentemente se tejió en pocos meses desde Palacio de Gobierno hacia el resto del Ejecutivo. La segunda es la prensa independiente. Y contra ambas ha enfilado sus baterías el oficialismo.