Petroperú ha sido protagonista de algunas de las malas noticias de este año: escándalos en torno a las compras de biocombustibles, desencuentros con los auditores externos, reducción en su calificación de riesgo y pérdida del grado de inversión. Asimismo, requirió un apoyo financiero de emergencia de US$ 750 millones de parte del Estado (D.U. Nº 010-2022), enfrentó continuos reclamos sobre los precios que cobraba, y sufrió un sinnúmero de actos de sabotaje al oleoducto y la paralización prolongada de este. No obstante, también hubo buenas noticias -aunque no tan difundidas-. En abril se removió al gerente general y al directorio de la empresa, y los nuevos responsables rápidamente desactivaron varias de las bombas de tiempo que encontraron. Entre las acciones tomadas cabe mencionar: el acercamiento a la Contraloría, contratar a PWC para contar con estados financieros (EEFF) auditados, llegar a acuerdos con los acreedores a fin de evitar mayores problemas por no haber presentado la información financiera auditada, remover al personal no calificado, iniciar el proceso de puesta en operación de la nueva refinería de Talara, y enfrentarse con éxito a las presiones de los sectores más radicales del Gobierno, señala Carlos E. Paredes, economista y docente de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental.
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