El próximo 22 de agosto entrará en vigor el decreto supremo N° 001-2022-TR, que limitará la tercerización laboral y traerá consecuencias graves respecto a la reducción del empleo formal, señalaron los especialistas consultados.Mónica Pizarro, socia del Estudio Echecopar, anotó que hay muchas empresas que se dedican a prestar tercerización cuya actividad, a partir de la vigencia de esta norma, podría considerarse ilegal y estas tienen dos alternativas: seguir operando en situación de incumplimiento, estando así en la informalidad, o cerrar, destruyéndose empleo.