Ha terminado el primer año, no solo del gobierno de Pedro Castillo, sino también del Congreso de República, que es el otro poder clave en la estructura del Estado peruano.En este periodo se han aprobado un grupo de normas importantes, varias de ellas por insistencia, como la ley que debilita a Sunedu, el pago de S/ 42,000 millones a los exaportantes del Fonavi. Existen visos de inconstitucionalidad en estas normas.Esta es una de las razones que llevó al Consejo Privado de Competitividad (CPC) y Gestión a preguntarse cuántas de las normas que actualmente se debaten en el Parlamento cumplen con un análisis mínimo de calidad regulatoria, la cual está normada tanto por el Poder Ejecutivo como por el Congreso. Así se analizaron 18 proyectos de ley aprobados por la Comisión de Economía del Parlamento en la segunda legislatura 2021-2022 que inició el 1 de marzo y culminó el 15 de julio último.El resultado de esta evaluación fue que ninguno de los 18 proyectos de ley analizados logra pasar una prueba de análisis de calidad regulatoria. Si se pone en términos de evaluación académica, se diría que todas las iniciativas "jalaron" la evaluación.
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